Opinión

En la buena dirección

Tormenta perfecta

Por José Manuel González Huesa

01/12/2011

Ya ha pasado el 20N, el día de las elecciones generales. Queda un mes de vértigo. Ahora viene un camino proceloso y regulado de aniversario de la Constitución (33 años) con el todavía Gobierno del PSOE y los diputados de la legislatura que acaba; constitución de las nuevas Cortes (del 13 al 15 de diciembre); debate de investidura del nuevo presidente (del 20 al 22 de diciembre); toma de posesión del nuevo presidente y anuncio de los ministros (22 de diciembre); toma de posesión de los nuevos ministros y primer Consejo de Ministros (23 de diciembre).

A partir de ese momento, el Gobierno tiene que ponerse manos a la obra, comenzar a funcionar a pleno rendimiento y tomar decisiones rápidas y eficaces en el Consejo del viernes 30 de diciembre. Por ejemplo, tendrá que determinar el sueldo de los funcionarios o la actualización de las pensiones antes de que acabe el año.

Estas fechas están determinadas por la Ley Electoral y por el Reglamento de la Cámaras parlamentarias y es complicado alterarlas a pesar de la incertidumbre que genera la famosa “prima de riesgo” y las sucesivas subastas de deuda que debe afrontar el Gobierno en funciones. No obstante, durante esta transición Zapatero informará permanentemente a Rajoy.

En pocas semanas deberá cumplirse un plan de trabajo del nuevo presidente que incluye una reforma en profundidad de la Administración; una reforma laboral; y una definitiva reforma financiera. Todas estas medidas nos afectan a todos y especialmente a los sectores más vulnerables, como el de la discapacidad.

En este escenario económico, no se puede olvidar que las Administraciones territoriales (ayuntamientos, diputaciones y sobre todo comunidades autónomas) mantienen una deuda de más de 300 millones de euros con las organizaciones y entidades de la discapacidad agrupadas en torno al CERMI.

Esta cifra dramática (que sigue creciendo) incluye desde subvenciones aprobadas y no pagadas hasta facturas por prestaciones de bienes o servicios efectuadas por organizaciones del tercer sector de la discapacidad, que ya están vencidas y no han sido abonadas.

La situación más complicada es la cuantiosa deuda con los centros especiales de empleo. Y un agravante generalizado: los retrasos en los pagos llegan en algunos casos a superar los 24 meses, lo que genera una asfixia financiera para las organizaciones que además se han quedado sin fondos propios para afrontar estos pagos y los bancos no prestan ni un euro.

Es más, la financiación procedente de las obras sociales de las cajas de ahorro han reducido sus prestaciones a las entidades de la discapacidad en más de un 50 por ciento y la tendencia en los próximos años es mantener un apoyo residual al sector.

Ante este escenario, el nuevo Gobierno no puede dejar de lado a cerca de cuatro millones de personas con discapacidad ni a sus familias. Y sobre todo, no debe abandonar los servicios ni las prestaciones que este sector aporta a la sociedad. No todo pasa por la decisión fácil de recortar, hay que ser más justos.

Se pone en peligro el trabajo de muchos años y el futuro de muchas personas que si no consiguen poner en marcha este proyecto de vida, podrían quedarse fuera del sistema. Hay que combinar adecuadamente la necesidad urgente del sector con la puesta en marcha de las medidas. Como dice el escritor brasileño Paulo Coelho, “ningún hombre es una isla. Para hacer frente a la dificultad, todos necesitamos ayuda”.

José Manuel González Huesa, director de “cermi.es” y director general de Servimedia